“La factura de la luz debería ser más transparente”. Entrevista a David Robinson.

Entrevista a David RobinsonEl doctor en Economía por la Universidad de Oxford, David Robinson publicó el pasado mes de abril el estudio Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea: Un perspectiva española. En él, el académico concluye que el precio de la electricidad para usos domésticos en España es uno de los más altos de Europa, a pesar de que sus costes de distribución y generación se encuentran entre los más bajos de la Unión Europea.

Pregunta. ¿Qué diferentes sistemas de precios hay en Europa? ¿Hay países que pagan más del 51% de cuña gubernamental?
Respuesta. Todos los sistemas de precios en la Unión Europea incluyen tres componentes. El primero sería para los costes de energía y también de suministro –el llamado precio de mercado–; el segundo elemento son los costes de la red de transporte y distribución (los costes regulados); y, finalmente, hay un tercer elemento que consiste en los costes de impuestos y de política pública. A esta tercera categoría yo la llamo cuña gubernamental. En el caso europeo, España en 2013 pagaba una cuña del 51%. El único país que paga más que España por políticas públicas en la factura de la electricidad, en términos porcentuales, es Dinamarca (con un 57%).

P. ¿Son los criterios uniformes en cuanto al sistema de precio?
R. Cada país tiene su propio sistema y, en algunos casos, la cuña se encuentra dentro de la categoría de energía, como por ejemplo en Reino Unido. En otros países, como España, se encuentra incluida en el concepto de redes, mientras hay algunos –como Alemania– en los que se encuentra junto con los impuestos, gravámenes y otras cargas. Por tanto, en estos últimos, la cuña es más transparente, mientras que, cuando están mezclados con otros conceptos, como las redes o la energía, es más difícil de encontrar y determinar su tamaño verdadero.

P. ¿Cuál es la particularidad del sistema de precios en España?
R. España es menos transparente, porque la cuña está incluida en el apartado de redes. Es decir, hay un coste adicional que se cobra a través de la tarifa de acceso a la red, que consta de dos elementos: uno para la propia red (transporte y distribución), y el otro se destina a los costes de tipo político. Así, la localización de la cuña no es transparente para nada.

P. ¿Qué opina del nuevo sistema español, con los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC), en vigor desde abril de 2014?
R. Mi informe no considera esta tarifa, pero mi impresión es que se habla de dos opciones. En una, el precio para el consumidor final refleja el precio del mercado mayorista, que cambia cada hora, y la otra es un precio plano durante todo el año, que garantiza al usuario lo que va a pagar por su consumo. Es necesario contar con diferentes alternativas, y cualquiera de los dos sistemas me parece adecuado como tarifa regulada, pero hay que reconocer que los riesgos se reparten de forma diferente. En el caso del precio horario, es el consumidor quien toma el riesgo de los cambios de precio de mercado, mientras que en el contrato plano, es el suministrador o comercializador quien asume ese riesgo y lo está añadiendo al precio que se garantiza al cliente final. Lo que es necesario es que los consumidores tengan la información adecuada sobre los riesgos de estos dos tipos de contrato.

P. ¿Es usted partidario de tarifas reguladas o de precios libres?
R. Soy partidario de ambos. Creo que los precios libres deberían aplicarse a la mayoría de consumidores, y las tarifas reguladas solo a aquellos con una situación más vulnerable. Básicamente, en cuantos más consumidores se encuentran en el mercado libre, mayor incentivo hay para la entrada de nuevos comercializadores, que no solo venderían electricidad, sino que también ayudarían a la generación distribuida, al autoconsumo, a la venta de electricidad al sistema y a otros servicios que hasta ahora son poco frecuentes en España.

P. ¿Cómo se pueden poner en práctica las tarifas reguladas?
R. En términos generales, apoyo la idea de garantizar una tarifa regulada, como puede ser la TUR. Una alternativa a la tarifa social sería que los consumidores vulnerables recibieran una transferencia a través del Ministerio de Hacienda para conseguir la capacidad financiera de poder comprar a precio de mercado.

Fuente: Cinco Días

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